La droga afecta la salud mental - Uriel Escobar, M.D.

En este artículo -al igual que en los dos anteriores- seguiré analizando la nueva política de salud mental, expedida por el ministro de Salud a través de Resolución del 10 de octubre del 2018. En esta entrega quiero hacer un análisis de una situación que en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, pues está afectando a toda la población colombiana, especialmente a nuestros jóvenes: el consumo de drogas.

Según el informe de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de drogas carga con más de 450 000 muertes al año (el 1.5% del total de la carga de morbilidad) y se calcula que el uso de drogas inyectables es el responsable de un 30% de nuevas infecciones. 

 

En Colombia, el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas de 2013 mostró que hay una clara tendencia a la disminución de la edad de inicio no solo para el alcohol y el tabaco, sino para otras sustancias ilícitas como la marihuana, la cocaína y el bazuco, situándose el promedio de edad en los 16.8 años. En 2015, en el último estudio que hizo el Ministerio de Salud sobre esta problemática se encontró que el 42.5% de la población consume alcohol y que alrededor de 2.5 millones de personas presentan un consumo riesgoso o perjudicial; de esta población, el 2.8% tienen problemas médicos asociados, el 1.6 % tienen problemas mentales y finalmente el 5.5% de ellos tienen problemas mentales. El otro hallazgo es una muy importante asociación entre el consumo de sustancias y los trastornos mentales por casos de patología dual, como se denomina a esta relación: en 2009 fueron atendidos 9.103 casos, y en el 2017, 26.228 casos. 

 

Por esta razón el segundo componente de la nueva política de salud mental hace referencia a la prevención de los problemas y trastornos mentales, la epilepsia y las violencias interpersonales. Este es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes retos que debe enfrentar la sociedad colombiana. El consumo de sustancias psicoactivas ha sido tema de discusión en la actual política estatal, que por la complejidad de su presentación no puede ser abordada solo con estrategias represivas, como han propuesto algunos sectores de la sociedad, sino que su columna vertebral debe incluir acciones integrales: entre ellas, la educación y la información a la comunidad.

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